Caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular: el nuevo allanamiento en claves

La investigación que el equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato sigue contra Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) y su lideresa Keiko Fujimori tiene un nuevo capítulo. El fiscal José Domingo Pérez obtuvo autorización judicial para realizar un allanamiento, registro personal e incautación en dos inmuebles ubicados en Lima.

Como se sabe, Fujimori Higuchi cumple desde noviembre del 2018 una orden de 36 meses de prisión preventiva. La fiscalía le imputa la presunta comisión del delito de lavado de activos a través de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular). Asimismo, la señala como la presunta cabecilla “en la sombra” de una organización criminal paralela que se originó de facto al interior del partido con la finalidad de lavar dinero que se habría recibido de Odebrecht para la campaña del 2011.PUBLICIDAD

Pérez dirigió la diligencia en Surco, puesto que el inmueble de Miraflores no estaba habitado. A continuación, algunos elementos para contextualizar este nuevo allanamiento.

Fuerza Popular

Uno de los inmuebles de la orden de allanamiento, ubicado en Miraflores, tiene un cartel de alquiler y no está habitado. (Foto: César Campos)

—El antecedente—
El fiscal José Domingo Pérez explicó que este nuevo allanamiento se relaciona a otro realizado el 7 de diciembre del 2017 en dos locales de Fuerza Popular ubicados en Surco y el Cercado de Lima. Entonces, el hecho fue calificado de “atropello” y “abusivo” por Keiko Fujimori, quien también negó que su partido tenga una contabilidad paralela y que haya recibido dinero de Odebrecht.

La resolución judicial que autorizó el requerimiento del fiscal Pérez aquella vez señaló que el objetivo del allanamiento era recabar documentación contable o administrativa relacionada con la campaña electoral del 2011.

Luz Salgado

Luz Salgado en la diligencia encabezada por el fiscal Pérez en diciembre del 2017. (Foto: Archivo El Comercio / Video: Cuarto Poder)

Tras conocerse la medida, hasta el local del Cercado de Lima llegaron los congresistas Luz Salgado y Héctor Becerril. Al inmueble en la calle Morochucos, donde funcionaba la oficina de Fujimori, arribaron ella; Rosa Bartra, extitular de la Comisión Lava Jato; Daniel Salaverry, quien por entonces aún permanecía en las filas fujimoristas y posteriormente el exsecretario general de la agrupación, José Chlimper.

También se vio a Carmela Paucará, secretaria de Keiko Fujimori que estuvo detenida preliminarmente por tres días en octubre pasado y a quien la fiscalía sindicó tener un papel importante en la administración de los presuntos activos ilícitos del partido. Hoy tiene comparecencia simple.

Fuerza Popular

Héctor Becerril y Alejandra Aramayo también estuvieron en el allanamiento de diciembre del 2017 en el local de Fuerza Popular en el Cercado de Lima. (Foto: Archivo El Comercio / Video: Canal N)

Rosa Bartra

Al local de Surco, en el allanamiento del 2017, acudió Rosa Bartra, por entonces presidenta de la Comisión Lava Jato. (Foto: Jorge Ballón / Video:. Cuarto Poder)

—Las razones de la medida—
De acuerdo al fiscal Pérez, durante el allanamiento de diciembre del 2017 personas vinculadas a Fuerza Popular «retiraron o sustrajeron documentación del alcance de los fiscales». 

Según agregó en declaraciones a la prensa, ello evidenciaría que la investigación contra Fuerza Popular ha sido obstruida “desde el inicio” con el fin de ocultar la verdad.

Así, la medida ejecutada este martes fue autorizada en la víspera por Víctor Zúñiga Urday, juez penal del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios. Esto, refiere el documento al que accedió El Comercio, con el fin de encontrar libros y/o registros no exhibidos por Fuerza Popular, así como obtener toda documentación contable y/o administrativa relacionada a la campaña electoral del 2011.

«Hay una línea de hipótesis de que la documentación que fue sustraída del allanamiento del 7 de diciembre del 2017 de los locales de Fuerza Popular fue sustraída del alcance de los fiscales y la policía. Una hipótesis es que esta habría sido quemada o incinerada. La otra hipótesis es que, en efecto, se encuentra en alguno de estos inmuebles para los cuales hemos obtenido la orden de allanamiento”, acotó.

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Pardo-Figueroa Álvarez se acercó pasadas las 10 a.m. al inmueble de Miraflores. (Foto: César Campos)

—Las ocupantes de los inmuebles—
¿Y quiénes viven en esos inmuebles? La orden judicial menciona que la vivienda de Miraflores es ocupada por Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez. Sin embargo, en el frontis aparece un aviso de alquiler.

El fiscal Pérez mencionó que el inmueble habría sido desocupado el fin de semana y que, por ello, solicitará autorización judicial de descerraje. Sin embargo, Pardo-Figueroa Álvarez se acercó pasadas las 10 a.m. al lugar y, en breves declaraciones a la prensa, manifestó: “Vengo a dar conocimiento de que este no es mi domicilio hace seis meses, tengo documentos. No entiendo cómo el fiscal tan libremente puede decir que me he mudado hace una semana llevándome sabe Dios qué cosas. Eso está muy mal. Mi abogado está presentando un escrito con mi nueva dirección y con los sustentos respectivos”.

Pardo-Figueroa Álvarez es natural de Lima, tiene 48 años y en Reniec aún figura la vivienda de la calle Berlín, en Miraflores, como su domicilio. En su perfil público de LinkedIn consigna que desde febrero del 2018 es “coordinadora del fondo público directo en F.P.”.

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Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez y Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi han evidenciado su amistad a través de fotos publicadas en Facebook por la primera.

En tanto, en el departamento de Surco reside Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi, natural de Lima y de 44 años. En su perfil público de LinkedIn indica que es una “profesional con experiencia en administración, organización, ejecución, control, dirección y evaluación de eventos, proyectos sociales y empresas. Capacidad para la coordinación con todo tipo de empresas, ONG nacionales e internacionales, Gobiernos Regionales, Municipalidades, espacios de concertación y organizaciones sociales de base”.

De acuerdo a información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Delgado Rospigliosi solicitó el 22 de enero del 2019 cuatro copias certificadas del asiento 57 del archivo original del libro del partido político Fuerza Popular, pedido que fue atendido por el ente dos días después.

Asimismo, el 7 de febrero requirió una copia certificada del asiento 63 del libro de partidos políticos de Fuerza Popular (del archivo original) y 5 copias certificadas del asiento 57 del mismo documento. Su solicitud fue atendida el 19 de ese mes.

—Las reacciones—
Desde el entorno de Fuerza Popular, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, indicó que Pardo-Figueroa Álvarez y Delgado Rospigliosi se desempeñan como “asistentes contables” del partido. 

Manifestó que el fiscal Pérez tiene desde hace tres años la documentación contable entregada por la agrupación política y la obtenida por allanamientos a locales partidarios y a domicilios de directivos.

“Allanar e incautar los domicilios de dos jóvenes que ni siquiera han sido citadas como testigos y a las que nunca se les requirió documentación es un atropello y una injusticia más del fiscal Pérez. ¡Basta de abusos contra Keiko!”, escribió en Twitter.

Asimismo, Miguel Torres, quien se desempeñó como subsecretario general de Fuerza Popular de febrero a octubre del 2018, expresó vía la misma plataforma: “Allanamientos por documentación que ya tienen, filtración ilegal de información de investigaciones reservadas, pseudo colaboradores eficaces que dan información falsa y amedrentamiento de jueces: todo para que Keiko siga en prisión sin haber sido funcionaria. ¿Justicia o política?”.

Fuerza Popular

El Comercio.

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